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El gobierno de Estados Unidos anunció el martes que prohibió la entrada al país al expresidente hondureño Porfirio "Pepe" Lobo, señalándolo de recibir sobornos de narcotraficantes a cambio de favores políticos.

Lobo, que gobernó Honduras entre 2010 y 2014, y su esposa Rosa Elena Bonilla Ávila, no son elegibles para ingresar a Estados Unidos "por participación en corrupción significativa", dijo el secretario de Estado, Antony Blinken.
Mientras estaba en el cargo, el presidente Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos". señaló el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.

"Como primera dama, Rosa Lobo incurrió en actos de corrupción importantes mediante el fraude y la malversación de fondos públicos para su beneficio personal", agregó.

Blinken dijo que aunque estos actos "socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras", el exmandatario hondureño aún no fue condenado, y la exprimera dama ha sido liberada de prisión y aguarda un nuevo juicio.

Por estas designaciones también fueron vetados de ingresar a territorio estadounidense varios miembros de la familia directa de la exprimera pareja hondureña: su hijo, Fabio Porfirio Lobo; su hija, Ambar Naydee Lobo Bonilla; y su hijo menor de edad, cuyo nombre no fue proporcionado.

Como secretario de Estado, Blinken tiene la potestad de impedir el ingreso al país de representantes de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos si considera que se involucraron directa o indirectamente en actos de corrupción.
Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y indiferencia por el Estado de derecho que obstaculiza el progreso en Honduras". Antony Blinken, el secretario de Estado de EEUU.

El Departamento de Estado ya había incluido al expresidente Lobo y a su mujer en un listado de funcionarios y exfuncionarios centroamericanos "corruptos y antidemocráticos", conocido como Lista Engel y divulgado a principios de mes.

El gobierno de Joe Biden considera que la corrupción es un factor que impulsa la migración irregular hacia Estados Unidos, un fenómeno que se ha agudizado en los últimos meses con la llegada a la frontera sur del país de cientos de miles de centroamericanos.